Gloria Ana Chevesich, líder de la Corte Suprema, afirmó que fue el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien decretó la rebaja de penas a 56 condenados por abuso de menores, aclarando el rol del Poder Judicial ante la controversia.
Este jueves 22 de octubre, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a la controversia nacional por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, apuntando directamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat. La jueza aseguró que fue el titular de la cartera quien dictó los decretos que materializaron el beneficio, en el marco de un debate que ha generado preocupación en la comunidad y el mundo político.
La defensa del Gobierno y la aclaración de la Corte
La administración del Presidente José Antonio Kast ha sostenido que la decisión se ajusta a la legalidad vigente y que se basó en una interpretación respaldada por el propio máximo tribunal. Esta postura ha abierto un amplio debate jurídico sobre los alcances de la ley y la protección de las víctimas, generando cuestionamientos desde diversas organizaciones de la sociedad civil.
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Frente a esto, la máxima autoridad del Poder Judicial explicó el rol de los tribunales en este tipo de procesos, precisando los pasos que se siguen y las instancias en que las cortes pueden intervenir.
El procedimiento técnico de las rebajas
Durante su intervención, la magistrada Chevesich detalló que existe una comisión especializada en rebajas de condenas que es la que evalúa los casos y emite una resolución inicial. Según explicó, si esa decisión no es impugnada a través de un recurso de amparo, los tribunales superiores no tienen la facultad para revisar o revertir lo determinado.
La jueza explicó que existe una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión y que, “si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”.
Con esta aclaración, la presidenta de la Suprema deslinda la responsabilidad del Poder Judicial en la ejecución final de estas rebajas, situando la decisión administrativa en la cartera de Justicia, que actuó “conforme a las facultades legales que tiene”, según sus palabras.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.