La administración de Javier Milei lanzó un polémico decreto que permite a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de un aporte económico. La medida, que busca atraer inversiones, ya enfrenta el rechazo de la oposición y advertencias legales.
Este 11 de octubre de 2026, el Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, oficializó una polémica iniciativa para vender la ciudadanía a extranjeros. A través de un decreto de necesidad y urgencia, se establece que cualquier persona podrá adquirir la nacionalidad argentina a cambio de un aporte de 350.000 dólares al Estado, una estrategia que busca atraer inversiones para revitalizar la economía del país.
Opciones de Inversión y Paquetes Familiares
La medida ofrece dos vías para los interesados. La primera es un aporte directo de 350.000 dólares. Como alternativa, se puede optar por la suscripción de un título público por un valor de 800.000 dólares. Con el objetivo de atraer a grupos más grandes, el decreto también incluye una oferta especial para familias.
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Este paquete familiar permite que un solicitante principal, junto a su cónyuge y dos hijos menores de edad, puedan acceder al beneficio por un monto total de 500.000 dólares. La administración de Milei defiende la propuesta como una herramienta necesaria para la captación de capital extranjero en un contexto económico complejo.
Controversia Política y Cuestionamientos Legales
La decisión no ha estado exenta de críticas. Inmediatamente después de su anuncio, la oposición parlamentaria manifestó su rotundo rechazo y ya trabaja en el Congreso para intentar derogar el decreto. Los opositores argumentan que una decisión de tal magnitud no puede ser impuesta por decreto y debe ser debatida legislativamente.
Juristas advierten que la medida es contraria al espíritu de la Constitución nacional y vulnera el derecho a la no discriminación.
Desde el ámbito legal, expertos en derecho constitucional han levantado la voz, señalando que la nacionalidad no debería ser tratada como una mercancía. Advierten que condicionar la ciudadanía a la capacidad económica de una persona atenta contra principios de igualdad y podría sentar un precedente peligroso en materia de derechos fundamentales.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.