La Administración Trump impuso este viernes nuevas sanciones económicas y de viaje contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), en una controvertida decisión que coincide con el galardón del Nobel de la Paz a una exmagistrada de la misma corte.
WASHINGTON D.C. / CABRERO.- Este viernes 09 de octubre de 2026, la Administración del presidente Donald Trump impuso una nueva ronda de sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), la máxima instancia judicial para el enjuiciamiento de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. La medida, que incluye restricciones de viaje y económicas, se produce en un momento de alta carga simbólica: apenas unas horas después de que una exjueza del mismo tribunal fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz.
Presión por investigación en Afganistán
Estas sanciones son la continuación de una política de hostilidad de Washington hacia el tribunal con sede en La Haya. La principal razón detrás de esta ofensiva es la investigación iniciada por la fiscalía del TPI sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán, que podría involucrar a personal militar y de inteligencia estadounidense. Estados Unidos, que no es signatario del Estatuto de Roma que creó la corte, argumenta que el tribunal no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos y que sus acciones socavan su soberanía nacional.
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La postura de la Administración Trump ha sido consistentemente de confrontación, calificando al TPI como un tribunal “ilegítimo” y una “amenaza” para los intereses estadounidenses.
Un choque con la comunidad internacional
La coincidencia de las sanciones con la entrega del Nobel de la Paz a una figura vinculada al TPI ha sido interpretada por diplomáticos y organizaciones de derechos humanos como un mensaje desafiante a la comunidad internacional. Mientras el Comité Nobel en Oslo premiaba la lucha por la justicia global, Washington optaba por castigar a la principal institución que la encarna. Este hecho subraya el creciente aislamiento de Estados Unidos en foros multilaterales y su rechazo a las estructuras de gobernanza global.
Diversos aliados europeos y organizaciones no gubernamentales han condenado previamente estas medidas, calificándolas como un ataque directo al estado de derecho internacional y a las víctimas de atrocidades en todo el mundo que buscan justicia. La nueva ronda de sanciones previsiblemente ahondará estas diferencias diplomáticas.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.