Una investigación de Bienes Nacionales sobre una propiedad fiscal ocupada en Chillán revela que la familia posee otra vivienda y rechazó un arriendo a bajo costo, antecedentes que contrastan con la versión mediática inicial del caso.
En Chillán, el mediático caso que enfrenta al Estado con Rachel Llanca, una mujer de 82 años que ocupa una propiedad fiscal desde 1986, ha revelado nuevos y complejos antecedentes. Contrario a la narrativa inicial, registros judiciales indican que la familia de la ocupante posee otra vivienda subsidiada, rechazó una oferta de arriendo a bajo costo por parte de Bienes Nacionales y habría realizado ampliaciones ilegales en el inmueble, que hoy se encuentra deshabitado. A raíz de esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una apelación para recuperar la propiedad.
El origen del conflicto
La historia se remonta a 1986, cuando Rachel Llanca, entonces funcionaria del Instituto Superior de Comercio (Insuco), habría recibido autorización de la dirección para residir en una de las casas del recinto. La familia se amparó en este permiso, que supuestamente no tenía fecha de caducidad, para oponerse a la restitución del inmueble. Sin embargo, dicho documento nunca fue presentado en tribunales, argumentando su extravío. La cobertura mediática inicial se centró en una aparente victoria de la mujer en la Corte de Apelaciones, sin profundizar en los detalles del expediente.
Ver noticias relacionadas
Hallazgos de la investigación estatal
La investigación de Bienes Nacionales y el CDE sacó a la luz información clave. Se constató que la mujer ocupa la vivienda junto a su hijo y la familia de este, quienes son propietarios de otra casa obtenida con subsidio estatal. Además, se descubrió que se realizaron ampliaciones no autorizadas que, según fuentes del caso, llegaron a “duplicar sus dimensiones originales”, invadiendo terreno del liceo. Pese a los intentos de la familia por contactarlos, La Discusión informó que se negaron a entregar declaraciones.
“Cada situación debe ser analizada caso a caso, conforme a la ley y al destino que corresponda al inmueble fiscal”.
Plan de recuperación en Ñuble
Este caso se inscribe en un esfuerzo mayor de Bienes Nacionales para regularizar el uso de propiedades fiscales en la región. El seremi Rodrigo Herrera explicó que el plan es amplio y no todos los casos son iguales. “Existen inmuebles que pueden recuperarse mediante procedimientos administrativos, otros que requieren acciones judiciales y algunos cuyos antecedentes deben ser analizados particularmente”, señaló.
Durante 2026, la Seremi ya ha ejecutado cuatro desalojos en las comunas de San Carlos y El Carmen, y mantiene otros tres procesos pendientes en Chillán. Este trabajo es parte del Plan Anual de Fiscalizaciones de la cartera, que a la fecha ha realizado más de 160 inspecciones en Ñuble para determinar el estado y uso de las propiedades fiscales.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de ladiscusion.cl.