Funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil del Biobío iniciaron una movilización en Concepción para denunciar la grave crisis de seguridad e infraestructura que afecta al centro de internación de Coronel, calificado por los gremios como ‘el más violento del país’.
Protesta en Concepción
Este miércoles 08 de julio de 2026, trabajadores del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) del Biobío iniciaron una movilización, encadenando los accesos de la Dirección Regional en Concepción. La protesta busca visibilizar la grave crisis de seguridad e infraestructura que afecta al Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, donde se atiende a jóvenes infractores de ley, y exigir la intervención urgente de las autoridades.
‘El centro más violento del país’
Raúl Fuentealba, presidente regional de Artrase, uno de los gremios movilizados, calificó las instalaciones de Coronel como ‘el centro más violento del país’. Según el dirigente, la situación es crítica y cotidiana. ‘Es el centro donde más armas hechizas se incautan. Aproximadamente, de los 30 días del mes, en 24 o 25 días ingresa Gendarmería por situaciones críticas’, señaló.
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Fuentealba alertó que, según información proporcionada por Gendarmería, ‘desde principio de año a junio se habían encontrado mensualmente alrededor de 60 o 70 armas hechizas’. Esta realidad, sumada a las deficiencias estructurales, impide una correcta segregación de la población interna y pone en riesgo constante a los funcionarios.
Infraestructura obsoleta y vacíos legales
A las denuncias se suma el análisis de Alejandro Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales (Anfur) Biobío, quien apunta a problemas de diseño y normativa. El recinto, entregado en 1999, no responde a las dinámicas delictuales actuales, permitiendo que los jóvenes rompan paredes para obtener fierros y fabricar armas.
El centro fue entregado en 1999 y no está con las normas actuales. Hoy día los jóvenes pueden romper las paredes y sacar fierros… Tiene un problema de infraestructura y un problema de la normativa que no permite sancionar a los jóvenes que cometen delitos contra los funcionarios o agresiones. Entonces, los jóvenes quedan en la impunidad total: pueden agredir a un funcionario y no pasa nada.
Los trabajadores demandan un marco regulatorio que permita sancionar estas agresiones, así como la posibilidad de trasladar a los mayores de edad a secciones juveniles y la reapertura de la sección juvenil de la cárcel El Manzano.
Respuesta de la autoridad: Inversión y tecnovigilancia
Frente a las movilizaciones, la directora regional (s) del SNRSJ, Glenda Alarcón, aseguró que se están tomando medidas concretas. ‘En los últimos 12 meses se han invertido más de 600 millones de pesos en restaurar y mejorar la infraestructura, lo que incluye la próxima recepción de obras de la unidad de separación de grupos’, afirmó.
Adicionalmente, la autoridad anunció la renovación total del circuito de cámaras del recinto por un monto de 400 millones de pesos para fortalecer la tecnovigilancia y el pilotaje de un nuevo sistema de registro y monitoreo de visitas. Alarcón también destacó el ‘trabajo permanente de coordinación con Gendarmería de Chile para reforzar la seguridad’, lo que se ha traducido en una presencia más continua de la Unidad Especial de Seguridad y Protección (USEP) en el centro.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de cooperativa.cl.