Un incidente en La Reina reabre el debate sobre los operativos de retiro de vehículos, la fiscalización municipal y la indefensión ciudadana ante el poder de las grúas. ¿Es la ley justa o un castigo excesivo para el bolsillo del contribuyente?
SANTIAGO, 19 de junio de 2026 – La imagen de un vecino de La Reina persiguiendo desesperado su camioneta, mientras una grúa municipal la remolcaba, ha encendido nuevamente el debate sobre los operativos de retiro de vehículos en Chile. El incidente, ocurrido ayer en la comuna capitalina, y captado por las cámaras de Chilevisión, muestra la cruda realidad de la fiscalización vial y la impotencia que muchos ciudadanos sienten ante el poder de las autoridades.
El hombre, visiblemente molesto, gritaba “¡Son desgraciados!” mientras intentaba, sin éxito, convencer a los funcionarios municipales y a Carabineros de detener el procedimiento. Su vehículo, según los antecedentes, estaba estacionado en un lugar no permitido, lo que activó el protocolo de retiro. Sin embargo, la reacción del vecino refleja una frustración que va más allá de una simple multa.
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Este tipo de situaciones no son nuevas y se amparan en la Ley de Tránsito N°18.290, específicamente en su artículo 161, que faculta a Carabineros de Chile y a los inspectores municipales para ordenar el retiro de vehículos que se encuentren mal estacionados o que obstaculicen la vía pública. Las municipalidades, a su vez, contratan servicios de grúas para ejecutar estas acciones, lo que a menudo se convierte en un negocio lucrativo para las empresas concesionarias.
Los costos asociados al retiro y la custodia del vehículo no son menores. Datos recopilados por la Asociación de Concesionarios de Grúas (ASOGRÚAS), citados por El Mercurio en un reportaje de 2023 sobre la materia, indican que el valor base por el arrastre puede superar fácilmente los $50.000, a lo que se suman los cargos diarios por corral municipal, que pueden oscilar entre $5.000 y $15.000. Esto significa que, además de la multa por la infracción, que puede ir de 0,5 a 1 UTM (aproximadamente $33.000 a $66.000 al valor actual de la UTM), el propietario debe desembolsar una suma considerable para recuperar su automóvil.
Este episodio en La Reina, que se suma a un creciente coro de voces críticas, pone de manifiesto una profunda brecha entre la normativa y la percepción ciudadana de justicia, donde el poder de la grúa municipal a menudo se siente como una sentencia inapelable y desproporcionada.
Para los vecinos de Cabrero y la región del Biobío, esta situación resuena profundamente. Aunque el incidente ocurrió en la capital, las ordenanzas municipales sobre estacionamiento y retiro de vehículos son una realidad en cada comuna. En Cabrero, por ejemplo, la Dirección de Tránsito Municipal, en coordinación con Carabineros de la 4ta Comisaría, también realiza operativos de fiscalización. La diferencia, a menudo, radica en la intensidad y la percepción de justicia en su aplicación, generando un impacto directo en el bolsillo y la tranquilidad de las familias.
Como ha documentado BioBioChile en diversas ocasiones, las quejas por la falta de señalización clara, la rigurosidad de los inspectores o la desproporción entre la falta y la sanción económica son constantes en todo el país. La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ha reconocido la necesidad de revisar y estandarizar los procedimientos, buscando un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden vial y no afectar desmedidamente a los ciudadanos.
La indignación del vecino de La Reina es un reflejo de un problema sistémico que exige una revisión profunda. Más allá de la legalidad de los procedimientos, la pregunta que queda en el aire es si la fiscalización actual cumple con un rol educativo y preventivo, o si se ha transformado, en la práctica, en una medida con un fuerte componente recaudatorio que genera más frustración que orden en las calles de Chile.