La Contraloría destapa graves irregularidades en el Liceo Altos del Mackay, poniendo en jaque la seguridad de cientos de estudiantes. Un caso que resuena en la región y exige respuestas urgentes sobre la fiscalización de obras públicas y la protección de nuestros jóvenes.
COYHAIQUE / CABRERO.- Un informe lapidario de la Contraloría Regional de Aysén ha encendido las alarmas sobre la gestión de la infraestructura educativa en Chile, al revelar graves irregularidades en la ampliación del Liceo Bicentenario Altos del Mackay en Coyhaique. Los hallazgos no solo exponen deficiencias administrativas, sino que plantean serias dudas sobre la seguridad de los 391 estudiantes que a diario utilizan estas dependencias.
La auditoría, dada a conocer el 17 de junio de 2026, detalla que la ampliación de 896 metros cuadrados del establecimiento opera sin el permiso de edificación municipal correspondiente ni la recepción definitiva, documentos esenciales que certifican la habitabilidad y seguridad de cualquier construcción. Más alarmante aún, la obra fue emplazada en una zona donde el Plan Regulador Comunal prohíbe explícitamente este tipo de edificaciones, una contravención que desafía la planificación urbana y la legalidad.
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Pero las irregularidades no terminan ahí. La Contraloría también constató que las instalaciones eléctricas y de gas carecen de las certificaciones y autorizaciones obligatorias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un requisito ineludible para prevenir accidentes y garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas vitales. A esto se suma la ausencia de una resolución sanitaria para los sistemas de agua potable y alcantarillado, poniendo en entredicho las condiciones de higiene y salubridad del recinto.
Lo más paradójico de este escenario es que, pese a todas estas deficiencias estructurales y normativas, la Seremi de Educación de Aysén otorgó el Reconocimiento Oficial (RO) al establecimiento. Este hecho, según ha documentado el diario El Mercurio en múltiples ocasiones al analizar casos de fiscalización pública, subraya una posible falla en los mecanismos de supervisión y control de las autoridades sectoriales.
Para nuestros vecinos de Cabrero y la provincia del Biobío, este caso de Coyhaique no es un eco lejano. La inminente implementación del tercer Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en nuestra provincia nos obliga a mirar con lupa cómo se gestionan estas transiciones y, fundamentalmente, la infraestructura escolar. Según informes de la Dirección de Educación Pública (DEP) y análisis de organizaciones como Educación 2020, la implementación de los SLEP ha enfrentado obstáculos significativos, especialmente en la gestión de la infraestructura heredada y la planificación de nuevas obras. La situación en Aysén subraya la necesidad de una fiscalización exhaustiva durante estos procesos de cambio para evitar que se repitan errores que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La normativa chilena es clara: el permiso de edificación municipal y la recepción definitiva son pilares para garantizar la seguridad estructural y habitabilidad de cualquier construcción. La certificación de la SEC es vital para prevenir accidentes eléctricos y de gas, mientras que la resolución sanitaria asegura condiciones mínimas de higiene y salubridad. Operar sin ellos, especialmente en un recinto con 391 estudiantes, es una negligencia grave que podría tener consecuencias fatales. La Contraloría ha sido enfática:
‘La seguridad de los 391 estudiantes que utilizan estas dependencias no puede ser comprometida por la inobservancia de normativas básicas de construcción y operación.’
Ante la gravedad de la situación, la Contraloría instruyó a la autoridad educacional de Aysén a implementar mecanismos de control efectivos y remitió todos los antecedentes a la Superintendencia de Educación. Según las directrices publicadas en el sitio web oficial de la Superintendencia, esta acción implica una investigación sobre el cumplimiento de la normativa educacional y la protección de los derechos de los estudiantes, lo que podría derivar en sanciones para los responsables.
Este caso debe servir como un espejo para nuestra propia provincia. Con la inminente puesta en marcha de un nuevo SLEP en Biobío, la comunidad de Cabrero y sus alrededores debe exigir transparencia y rigurosidad en la fiscalización de cada peso invertido y cada ladrillo puesto en nuestras escuelas. La educación de nuestros hijos merece infraestructuras seguras y dignas, no improvisaciones que pongan en riesgo su futuro. En Cabrero en Línea, seguiremos vigilantes.