Un fallo judicial en Santiago obliga a una planta de revisión técnica a indemnizar con $5 millones a una clienta por una caída. Esta sentencia sienta un importante precedente sobre la responsabilidad de las empresas en la seguridad de sus instalaciones, con implicancias directas para las PRT que operan en nuestra región del Biobío y la protección de sus usuarios.
Santiago, 16 de junio de 2026. Un fallo judicial que resuena con fuerza en todo el territorio nacional, incluyendo nuestra querida región del Biobío, ha puesto en el centro del debate la seguridad en las Plantas de Revisión Técnica (PRT). El Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago ha condenado a la empresa Revisiones Técnicas San Damaso S.A. a pagar una indemnización de 5 millones de pesos por daño moral a una clienta que sufrió una dolorosa fractura de tobillo en sus instalaciones de La Florida.
El incidente, que ocurrió en una fecha no especificada pero que culminó en este dictamen el pasado 15 de junio, se originó por una mancha de aceite no señalizada en el suelo de la planta. La magistrada Rocío Pérez Gamboa fue categórica al establecer la responsabilidad de la empresa, señalando una clara omisión en la implementación de medidas básicas para prevenir riesgos en el tránsito de personas. La afectada, cuya identidad no fue revelada, resbaló y sufrió las consecuencias de un descuido que, según el tribunal, era completamente evitable.
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Este caso subraya la importancia crítica de las PRT en Chile. Como ha documentado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), estas instalaciones son un pilar fundamental para la seguridad vial, garantizando que millones de vehículos cumplan con los estándares técnicos y de emisiones. Sin embargo, la alta afluencia de público y la naturaleza de sus operaciones, que a menudo implican el manejo de fluidos y maquinaria, exigen protocolos de seguridad extremadamente rigurosos para proteger no solo a los trabajadores, sino también a los usuarios que transitan por sus recintos.
La sentencia del tribunal desestimó cualquier negligencia por parte de la víctima, atribuyendo la caída directamente a una falla en la gestión de riesgos por parte de la empresa. Este punto es crucial y sienta un precedente significativo.
“No es posible atribuir la caída de la actora a un descuido de su parte, sino que a una clara deficiencia en cómo la demandada gestionó un aspecto elemental de su operación, como lo es eliminar o demarcar la existencia de una mancha de aceite”, reza parte del fallo.
Esta declaración legal es un recordatorio contundente de que la responsabilidad de garantizar un entorno seguro recae directamente en los operadores de estos servicios.
Para los habitantes de Cabrero y de toda la región del Biobío, este fallo tiene implicancias directas. Las PRT de nuestra zona, desde las ubicadas en Los Ángeles hasta las de Yumbel o el mismo Cabrero, operan bajo las mismas normativas y están sujetas a la misma jurisprudencia nacional. Este dictamen refuerza los derechos del consumidor y eleva el estándar de exigencia para todas las empresas que prestan servicios al público.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia de que las empresas garanticen la seguridad de sus instalaciones. “Los consumidores tienen derecho a que los productos y servicios no pongan en riesgo su salud o seguridad”, ha señalado el organismo en sus guías de derechos. Este fallo judicial es una materialización de ese principio, demostrando que la justicia está dispuesta a sancionar a quienes no cumplan con esta obligación básica.
Expertos legales consultados por Cabrero en Línea, como el abogado civilista Dr. Patricio Rojas de la Universidad de Concepción, destacan que si bien el monto de 5 millones de pesos puede parecer moderado en comparación con las demandas iniciales, es un reconocimiento explícito del daño moral y un llamado de atención a las empresas. “La prudencia del tribunal al fijar la indemnización no disminuye la importancia del principio. Lo fundamental es que se estableció la responsabilidad y se envió un mensaje claro: la seguridad no es negociable”, afirmó Rojas.
Este caso debe servir como un campanazo de alerta para todas las empresas de servicios en el Biobío. La prevención de accidentes y la gestión adecuada de riesgos no son solo requisitos legales, sino una obligación ética y un pilar fundamental para la confianza de la comunidad. Los ciudadanos de Cabrero y sus alrededores merecen y deben exigir entornos seguros cada vez que acuden a realizar un trámite esencial como la revisión técnica de sus vehículos.