La Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna para liderar el Ministerio Público en el Biobío. La actual fiscal de Los Lagos, Marcela Garrido, encabeza la lista, seguida por los fiscales jefes de Concepción y Talcahuano, Patricio Aravena y Álvaro Hermosilla. La decisión final recae en el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
CONCEPCIÓN.- La tarde de este martes 11 de junio, en una decisión que marcará el rumbo de la persecución penal en la región durante los próximos ocho años, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción definió la esperada terna para suceder a Marcela Cartagena en el cargo de Fiscal Regional del Biobío. La lista, que ya fue remitida al Fiscal Nacional Ángel Valencia, está encabezada por la actual Fiscal Regional de Los Lagos, Marcela Garrido, quien obtuvo la primera mayoría de votos.
La terna la completan dos nombres de peso dentro de la estructura local del Ministerio Público: el fiscal jefe de Concepción, Patricio Aravena, y el fiscal jefe de Talcahuano, Álvaro Hermosilla. Ambos son considerados ‘cartas locales’ con un profundo conocimiento de las dinámicas criminales que azotan a la zona, desde el microtráfico en los barrios de Hualpén hasta la complejidad logística del puerto de Talcahuano.
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La elección de Garrido como la más votada por los ministros del tribunal de alzada penquista no es menor. Su gestión en Los Lagos desde 2018 le ha dado una perspectiva externa y experiencia en enfrentar fenómenos delictivos complejos, un punto que podría jugar a su favor o en contra ante el Fiscal Nacional. Sin embargo, el próximo líder de la fiscalía en Biobío no heredará un escenario sencillo. La región enfrenta desafíos monumentales que van más allá de la delincuencia común.
Según ha documentado extensamente el centro de investigación periodística CIPER Chile, el robo de madera en las provincias de Arauco y Biobío ha mutado de un delito silvoagropecuario a una industria controlada por el crimen organizado, con un poder de fuego y una estructura logística que desafían al Estado. A esto se suma la violencia rural en la zona sur de la región, cuyos registros, como los que consolida la Fundación de Víctimas de Terrorismo, muestran una persistencia preocupante. Además, informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han alertado sobre el uso de los puertos de la región, como Coronel y Lirquén, para el lavado de activos y el tráfico de drogas a gran escala.
La elección del próximo Fiscal Regional no es solo un nombramiento administrativo; es la definición de la estrategia de Estado para los próximos ocho años en una de las regiones más complejas y estratégicas de Chile.
Para un vecino de Cabrero, Yumbel o Monte Águila, esta decisión es crucial. El nuevo fiscal no solo definirá las prioridades investigativas frente a los grandes carteles, sino también la dotación y los recursos para las fiscalías locales que investigan los robos, el abigeato y la violencia que impactan directamente en la sensación de seguridad. La estrategia que se adopte para combatir el crimen en la Ruta 5 Sur o en los caminos forestales de la cordillera de Nahuelbuta dependerá directamente de quién, desde el edificio de la fiscalía en la calle O’Higgins de Concepción, dirija la política criminal regional.
Ahora, la atención se traslada a Santiago. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, deberá entrevistar a los tres candidatos y, en un plazo que no está estrictamente definido pero que se espera sea breve, nombrar a quien tendrá la inmensa responsabilidad de impartir justicia y devolver la tranquilidad a los más de 1.5 millones de habitantes del Biobío.