Alice Froussard, corresponsal de medios públicos galos, es la última víctima de una creciente política israelí para silenciar voces críticas. Organizaciones de prensa alertan sobre un patrón que busca controlar el relato del conflicto palestino-israelí.
CABRERO, 11 de junio de 2026.- Lo que para la periodista francesa Alice Froussard debía ser un regreso rutinario a su base de trabajo, se transformó en una expulsión en toda regla. Corresponsal freelance para medios de la talla de Radio France International (RFI), Froussard fue detenida y deportada en la noche del miércoles desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, a pesar de contar con los permisos de entrada digitales en regla. La noticia, confirmada por su empleador, fue celebrada con un sarcástico “¡Bon voyage!” por Amichai Chikli, el polémico Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel.
Este no es un hecho aislado, sino la pieza más reciente de un rompecabezas que preocupa a nivel global. Como documentó el diario español El País hace apenas unas semanas, a finales de abril una periodista catalana corrió la misma suerte por usar el término “genocidio” en sus coberturas. Estos casos evidencian la aplicación sistemática de una enmienda a la Ley de Entrada de 2017, que permite a Israel negar el ingreso a cualquier extranjero que apoye públicamente el boicot a su país o a los asentamientos en Cisjordania. Esta legislación, como ha señalado en informes la agencia Associated Press, ha sido utilizada para crear una ‘lista negra’ de activistas y periodistas.
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Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) llevan años alertando sobre el deterioro de la libertad de prensa en la zona. Según datos recopilados por el CPJ, desde el recrudecimiento del conflicto en 2023, se ha registrado un número sin precedentes de periodistas muertos, heridos y detenidos, convirtiendo la cobertura del conflicto en una de las más peligrosas del mundo. La expulsión de Froussard no implica violencia física, pero sí una forma de violencia institucional: la censura previa y el control del relato.
Cuando un Estado decide qué periodistas pueden entrar y qué verdades pueden salir, la oscuridad no solo cae sobre Tel Aviv o Gaza, sino que proyecta una sombra que llega hasta las democracias más lejanas, recordándonos en el Biobío lo frágil que es la libertad de informar y ser informado.
Para los vecinos de Cabrero, Monte Águila o Concepción, esta noticia, aunque lejana geográficamente, tiene una resonancia profunda. Chile alberga una de las comunidades palestinas más grandes y antiguas fuera del mundo árabe, y el debate sobre el conflicto es parte de nuestra conversación nacional. Lo que sucede en el aeropuerto Ben Gurión no es solo una nota internacional; es un ataque directo a la posibilidad de obtener información independiente sobre un tema que moviliza a miles de compatriotas. En un país como el nuestro, que conoce de cerca el valor de una prensa libre tras haberla perdido, la decisión del gobierno israelí de actuar como editor global, decidiendo qué se puede contar y qué no, es una señal de alarma que no podemos ignorar.
Mientras la administración de Donald Trump en Estados Unidos mantiene una postura de apoyo incondicional a su aliado israelí, y en un Chile post-Boric que sigue debatiendo su rol en la escena internacional, la expulsión de Alice Froussard subraya una tendencia global preocupante: el creciente desprecio de algunos gobiernos por el escrutinio periodístico. Un desprecio que busca construir muros no solo en la frontera, sino también en el flujo de información que nos permite, desde el Biobío, entender el mundo.