Un hombre de 60 años falleció por un presunto infarto en una sucursal de BancoEstado. El suceso, ocurrido en pleno centro de Chillán, reabre la discusión sobre la disponibilidad de desfibriladores y la capacidad de respuesta ciudadana en espacios públicos de Ñuble y Biobío.
CHILLÁN.- La rutina de una mañana de trámites en el corazón financiero de Chillán se quebró de la forma más trágica este miércoles. Un hombre de aproximadamente 60 años se desplomó y falleció al interior de la concurrida sucursal de BancoEstado, ubicada en la esquina de las calles Constitución con 18 de Septiembre, un hecho que ha conmocionado a la capital de la Región de Ñuble.
Según los antecedentes preliminares confirmados por los equipos de emergencia que acudieron al lugar, el cliente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante. Pese a las inmediatas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) aplicadas por personal del SAMU, no fue posible revertir su estado, constatándose su deceso en el mismo sitio ante la mirada atónita de funcionarios y otros clientes.
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Más allá del doloroso suceso individual, este incidente pone sobre la mesa una discusión de salud pública de vital importancia para todas las comunas de la zona, desde San Carlos hasta nuestro propio Cabrero. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar una emergencia cardíaca en espacios de alta afluencia de público? Las estadísticas son elocuentes. Según datos históricos del Ministerio de Salud (MINSAL) y estudios publicados en la Revista Chilena de Cardiología, la tasa de supervivencia de un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario en Chile es dramáticamente baja, a menudo inferior al 10%. Cada minuto sin atención reduce las posibilidades de sobrevivir en un 10%.
Lo ocurrido en Chillán expone una cruda realidad: la supervivencia a un paro cardíaco fuera de un hospital es una lotería que depende, en gran medida, de si el lugar cuenta con un desfibrilador y personal capacitado para usarlo.
Precisamente para combatir esta realidad, en 2019 se promulgó en Chile la Ley 21.156, conocida como la ‘Ley DEA’, que obliga a ciertos establecimientos con gran afluencia de público —como terminales, centros comerciales y también entidades bancarias— a contar con desfibriladores externos automáticos (DEA) y personal capacitado. Sin embargo, como han documentado medios como BioBioChile y Cooperativa en diversos reportajes, la fiscalización y el cumplimiento de esta normativa aún presentan desafíos significativos a lo largo del país.
Este lamentable fallecimiento nos obliga a preguntarnos por nuestra propia realidad local. ¿Cuántos supermercados, bancos o servicios públicos en Los Ángeles, Yumbel o Monteáguila cuentan con un DEA visible y operativo? ¿Sabríamos nosotros, los vecinos, cómo reaccionar más allá de llamar a una ambulancia? La tragedia de Chillán es un recordatorio de que una emergencia así no avisa y que la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en un pequeño dispositivo y en la preparación de la comunidad. Mientras las autoridades de Ñuble continúan las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer los detalles, el eco de este suceso resuena como un llamado de atención para toda la región.