Lo que comenzó como una medida desesperada tras el terremoto de 2010, culmina con la entrega de roles de propiedad que otorgan certeza jurídica y abren la puerta a beneficios estatales. Una historia de resiliencia en el corazón de la provincia de Biobío.
SAN ROSENDO.- Para 24 familias de la histórica comuna ferroviaria, este martes 9 de junio no fue un día cualquiera. Fue el día en que un capítulo, abierto en medio del caos y la devastación del terremoto del 27 de febrero de 2010, finalmente se cerró. Tras una espera de más de 15 años, recibieron los documentos que acreditan lo que siempre supieron: que sus casas, en la población 25 de Octubre, les pertenecen. La ceremonia, cargada de emoción en el Centro Municipal del Adulto Mayor, marca el fin de un laberinto burocrático que les impidió, por más de una década, tener plena certeza jurídica sobre sus hogares.
La raíz del problema se remonta a las semanas posteriores al sismo, uno de los más potentes registrados en la historia moderna. Como ha documentado extensamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en sus balances de reconstrucción, la Región del Biobío fue una de las más golpeadas, con decenas de miles de viviendas destruidas o con daño severo. En ese contexto de urgencia, la construcción de nuevas soluciones habitacionales se hizo a una velocidad sin precedentes, pero no sin costos administrativos.
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“Nosotros tomamos las casas en 2010 porque todavía no se podían entregar. Las viviendas estaban prácticamente listas y decidimos ocuparlas para que nadie más las tomara, porque eran para nosotros. Ahí se produjo una confusión con las casas, las direcciones y las numeraciones, y pasaron 15 años hasta llegar a esto”, relató conmovida María Novoa, dirigenta vecinal.
Esa decisión, nacida de la necesidad de resguardar su patrimonio asignado, generó un “cruce de roles” ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En la práctica, las escrituras no correspondían con la ubicación física de las casas, dejando a estas 24 familias en un limbo legal. Este fenómeno, según informes del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), fue una consecuencia no deseada en varios procesos de reconstrucción a nivel nacional, donde la premura por entregar techos superó la prolijidad administrativa.
Para el vecino de Cabrero, Laja o Yumbel, esta noticia resuena con fuerza. La regularización no es solo un papel. Significa poder postular a subsidios de mejoramiento, como el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) del MINVU para instalar paneles solares o mejorar el aislamiento térmico, algo crucial con los inviernos que golpean a nuestra zona. Significa poder usar la propiedad como garantía para un crédito, venderla legalmente o, simplemente, tener la tranquilidad de dejar un patrimonio seguro a sus hijos.
El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, presente en la ceremonia, reconoció el largo camino recorrido. “Este trabajo viene de antes y contó con el aporte de delegados anteriores, como Paulina Purrán y Javier Fuchslocher”, señaló, destacando la continuidad de la gestión estatal. Por su parte, el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, enfatizó que la solución fue fruto de un esfuerzo conjunto. “Es un trabajo de larga data que recoge los esfuerzos de técnicos del Serviu, funcionarios del SII y, especialmente, los dirigentes que nunca bajaron los brazos”, afirmó. Para estas 24 familias, la celebración que preparan no es solo por un documento, es por la dignidad y la seguridad que finalmente han reconquistado.