La investigación del Ministerio Público sobre Azul Azul se expande al Biobío. Se indagan posibles sobreprecios en los fichajes de Ignacio Tapia y Gabriel Castellón desde Huachipato, poniendo en jaque la transparencia del eje futbolístico más polémico del país.
La madeja del ‘Caso Sartor’, que investiga la estructura de propiedad de Azul Azul, ha extendido sus hilos hasta la Región del Biobío, colocando bajo la lupa del Ministerio Público una de las rutas de transferencias más transitadas y polémicas del fútbol chileno: el puente entre Huachipato y Universidad de Chile. Según antecedentes revelados por Reportajes T13, la Fiscalía indaga si los millonarios fichajes de Ignacio Tapia y Gabriel Castellón constituyeron operaciones perjudiciales para el club universitario, con posibles sobreprecios que habrían beneficiado a terceros.
El análisis técnico-financiero de las operaciones revela inconsistencias que activaron las alarmas. En 2022, Azul Azul desembolsó 900 mil dólares por el 50% de los derechos económicos del defensor Ignacio Tapia. Sin embargo, la investigación judicial señala que solo un año antes, en 2021, el 100% de su pase fue ofrecido al mismo club por 400 mil dólares. Esto implica que la valoración del jugador pasó de 400 mil a 1.8 millones de dólares en doce meses, un incremento del 350% que no se condice con su progresión deportiva ni con las valoraciones de mercado de la época, como las documentadas por plataformas especializadas como Transfermarkt.
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La segunda operación bajo escrutinio es la del arquero Gabriel Castellón, quien llegó al Centro Deportivo Azul en 2024.
La discrepancia es abismal: mientras públicamente se informaba un pago cercano a los 400 mil dólares por Gabriel Castellón, la declaración judicial de un exdirector de Azul Azul apunta a una transferencia de 1,1 millones de dólares por solo la mitad de su pase.
Esta diferencia, que supera el 150%, es un foco central para los fiscales, quienes buscan determinar el destino final de esos fondos y si existió una estructura para inflar artificialmente los costos en perjuicio de la ‘U’.
Estas indagatorias dan fuerza a una sospecha histórica en el fútbol nacional, documentada extensamente por medios como La Tercera y CIPER Chile: la influencia de Victoriano Cerda, figura clave en la administración de Huachipato, en las decisiones de Azul Azul, pese a no figurar formalmente en su propiedad. La opacidad en las estructuras de propiedad de las Sociedades Anónimas Deportivas, un tema recurrente en los informes de la ANFP, crea el ambiente propicio para este tipo de cuestionamientos.
Para el hincha del Biobío, esto va más allá de una simple noticia deportiva. Plantea una pregunta fundamental sobre el rol de Huachipato, el campeón del torneo 2023. ¿Es el club un proyecto deportivo autónomo que busca la gloria para la región, o funciona como una ‘granja’ de jugadores y un vehículo para complejas operaciones financieras que benefician a controladores en Santiago? La venta de figuras clave tras alcanzar el éxito deportivo cobra un nuevo sentido bajo esta luz, generando frustración en una afición que ve cómo su capital deportivo se transfiere sistemáticamente, y ahora bajo sospecha, al mismo destino. El reciente allanamiento de la PDI al CDA, que incluyó la incautación de contratos, confirma que la investigación busca desentrañar toda la arquitectura financiera detrás de los goles y las atajadas.