El máximo tribunal del país desestimó los argumentos de la defensa, confirmando la sentencia del Tribunal de Concepción contra dos individuos por fingir el título de abogado y usar documentos falsificados. La condena, que incluye remisión condicional, queda a firme.
Un punto final ha puesto la Corte Suprema al caso del falso abogado que se ventiló en los tribunales de Concepción. En una decisión del pasado 4 de junio, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó un recurso de nulidad, dejando completamente firme la condena contra dos personas por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y uso malicioso de documento privado falso.
La historia se remonta al 9 de agosto de 2025, cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción sentenció a R.S.J. por intentar ejercer ilegalmente como abogado y por falsificación, mientras que M.F.B. fue condenado por este último delito. A ambos se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.
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La defensa de los condenados acudió a la Suprema buscando anular el juicio, argumentando que se había vulnerado el debido proceso. Entre sus reclamos, cuestionaron la forma en que se presentaron pruebas como la fotografía de una carta de renuncia, conversaciones de mensajería y la mención a un audio que no fue parte del expediente.
Sin embargo, la Corte Suprema fue categórica al sostener que, incluso si hubiese existido alguna irregularidad, ninguna tenía la fuerza suficiente para invalidar el juicio. El fallo destacó que la condena se basó en pruebas testimoniales y documentales sólidas e independientes, especialmente en cómo R.S.J. se presentó como abogado ante la corporación afectada.
Profundizando en su análisis, el tribunal superior señaló que la defensa de los condenados cuestionó el soporte de las conversaciones de WhatsApp, pero no el contenido de los mensajes, y que dicha prueba tampoco fue decisiva para el veredicto. Además, se estableció que el delito de uso malicioso se configuró en el momento en que se utilizó una carta de renuncia falsa para respaldar un acta de una asamblea extraordinaria que nunca ocurrió, la cual fue posteriormente reducida a escritura pública.
Un punto clave que aclaró la sentencia es que la condena contra R.S.J. no fue por realizar actos propios de un abogado, sino por la figura de ‘fingimiento del cargo’, contemplada en el artículo 213 del Código Penal. Es decir, se le castigó por aparentar ser un profesional del derecho que no era.
Con este fallo, que también desestimó cuestionamientos a informes periciales y a la negativa de una atenuante, se cierra definitivamente el capítulo judicial de este caso originado en la capital de nuestra región del Biobío, confirmando que tanto el juicio como la sentencia original son válidos y no serán anulados.