El gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para enajenar más de 1.200 propiedades estatales, una medida que busca generar ingresos y, presumiblemente, contribuir a la reducción de la brecha fiscal. Esta iniciativa, que implica la venta de un considerable número de bienes inmuebles, se presenta como una estrategia para optimizar los recursos del Estado y aliviar las presiones económicas.
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Diversos economistas han levantado la voz de alerta, advirtiendo que la venta de estas propiedades, aunque significativa, no sería suficiente para resolver de manera estructural el déficit fiscal que enfrenta el país. Los detalles completos, documentos y gráficas de esta investigación están disponibles en el reportaje original de CIPER.