En un contexto de creciente polarización y desconfianza, la socióloga Kathya Araujo interpela a las universidades chilenas a repensar su rol en la construcción del tejido social. ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior ser pilares para el reencuentro colectivo y la revitalización democrática, impactando directamente la calidad de vida en comunidades como Cabrero?
La Universidad Alberto Hurtado (UAH) marcó el inicio de su año académico 2026 con una profunda reflexión sobre el futuro de la sociedad chilena, a cargo de la destacada socióloga Kathya Araujo. Su intervención, titulada “Dar tiempo para que lo colectivo exista”, puso en el centro del debate la fragilidad de los vínculos sociales y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas, interrogantes que resuenan con particular fuerza en el Chile contemporáneo.
Araujo, reconocida por su agudo análisis sobre la cultura política y las transformaciones sociales en América Latina, ha enfatizado consistentemente la necesidad de comprender las complejidades que subyacen a la desafección ciudadana. Sus planteamientos invitan a mirar más allá de las soluciones simplistas, proponiendo un examen crítico sobre cómo se sostiene la vida en común cuando la percepción de desgaste social es palpable.
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Para el quehacer universitario, estas preguntas son cruciales. Las instituciones de educación superior no solo son centros de formación profesional, sino también espacios privilegiados para la generación de conocimiento, el fomento del pensamiento crítico y el diálogo interdisciplinario. En este sentido, su rol en la promoción del bien común trasciende las aulas, impactando la capacidad de una sociedad para abordar desafíos complejos, desde la desigualdad hasta la crisis climática.
La relevancia de esta discusión para los vecinos de Cabrero y otras comunidades radica en que una sociedad con mayor cohesión social y confianza en sus instituciones es, en última instancia, una sociedad más resiliente y equitativa. Un sistema universitario robusto y comprometido con el bien público contribuye indirectamente a la formación de ciudadanos más informados y participativos, capaces de incidir en el desarrollo local y nacional. La inversión en educación y en el fomento de lo colectivo es, por tanto, una inversión directa en el futuro de cada localidad del país.