Cientos de migrantes en Chile, especialmente venezolanos, se encuentran en una encrucijada legal y humana. Tras ingresar por pasos no habilitados, hoy enfrentan la imposibilidad de regularizar su situación o, paradójicamente, de abandonar el país. Esta realidad, marcada por la precariedad y la incertidumbre, plantea desafíos urgentes para la política migratoria nacional y la cohesión social en comunidades como Cabrero.
La historia de Mariel, una mujer venezolana de 34 años que ingresó a Chile de forma irregular en junio de 2021 y ahora anhela regresar a su país, encapsula la compleja realidad que enfrentan miles de migrantes en situación irregular en el territorio nacional. Su desesperación, expresada en el deseo de ser interceptada por Carabineros para facilitar su retorno, subraya una paradoja dolorosa: la imposibilidad de salir del país para quienes, sin documentos, se sienten atrapados en una marginalidad social y legal.
Chile ha experimentado un significativo aumento en la llegada de migrantes en la última década, con un incremento notable de personas provenientes de Venezuela. Este flujo, a menudo canalizado por pasos fronterizos no habilitados, especialmente en la zona norte, ha generado un desafío considerable para las autoridades y la sociedad chilena. La Ley de Migración y Extranjería N° 21.325, promulgada en 2021, buscó modernizar la normativa, pero la situación de irregularidad persiste para una parte importante de esta población.
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Para quienes se encuentran en esta situación, el retorno voluntario se convierte en una quimera. La falta de pasaportes o documentos de identidad válidos, sumada a las barreras económicas para costear un viaje de regreso, crea un círculo vicioso. Abandonar el país sin la documentación adecuada puede acarrear prohibiciones de reingreso futuras, complicando aún más cualquier intento de regularización o de salida ordenada.
El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) ha implementado procesos como la “autodenuncia” para aquellos que ingresaron por pasos no habilitados, buscando ofrecer una vía para regularizar su situación o gestionar una salida del país. Sin embargo, la complejidad del trámite, la desinformación y la desconfianza pueden limitar su alcance, dejando a muchos en un limbo legal y humanitario.
Esta problemática tiene implicaciones directas para comunidades a lo largo de Chile, incluyendo Cabrero. Aunque no es una zona fronteriza, la presencia de migrantes en situación irregular en cualquier comuna puede generar presiones sobre los servicios básicos como salud y educación, además de plantear desafíos en términos de integración social y seguridad. La incapacidad de un segmento de la población para acceder a derechos fundamentales o, incluso, para ejercer su voluntad de retorno, es un llamado a la revisión y humanización de las políticas migratorias nacionales.
Es fundamental que la ciudadanía de Cabrero y del país comprenda la profundidad de esta crisis humanitaria. Las historias como la de Mariel no son casos aislados; son el reflejo de una realidad que exige soluciones integrales, que equilibren la soberanía nacional con el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de vías dignas para quienes desean rehacer sus vidas, ya sea en Chile o en su país de origen.