Cuatro figuras del fútbol femenino argentino han alzado su voz contra el acoso y abuso de su exentrenador, Diego Guacci, revelando detalles estremecedores de un patrón de conducta denigrante. Su valiente testimonio expone no solo la vulnerabilidad de las deportistas, sino también la preocupante inacción de la FIFA, que desestimó las denuncias por ‘pruebas insuficientes’. Este caso trasciende las canchas, resonando como un llamado urgente a proteger la integridad en el deporte y a garantizar justicia para las víctimas.
Cuatro destacadas futbolistas argentinas —Luana Muñoz, Gabriela Garton, Aldana Cometti y Camila Gómez Ares— han roto el silencio públicamente, revelando un patrón de acoso sexual y abuso perpetrado por su exentrenador, Diego Guacci. Estas denuncias, presentadas inicialmente ante la FIFA en 2021, fueron desestimadas por el organismo rector del fútbol mundial, que concluyó que las pruebas eran “insuficientes” para corroborar los hechos, una decisión que ha impulsado a las jugadoras a compartir sus experiencias en detalle con el diario La Nación.
Los incidentes, que tuvieron lugar principalmente mientras Guacci dirigía en clubes de la talla de River Plate y UAI Urquiza, así como en categorías juveniles de la selección argentina, abarcan acoso sexual, hostigamiento y discriminación. Las deportistas han descrito un ambiente tóxico, marcado por un lenguaje denigrante basado en su género y orientación sexual. Gabriela Garton, exarquera de la selección, compartió frases explícitas y profundamente ofensivas atribuidas a Guacci, que ilustran la gravedad de la situación. Además, una quinta denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, relató un episodio en el que el entrenador se mostró en ropa interior y con una erección durante una videollamada, solicitando fotografías íntimas y acosándola digitalmente durante meses.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la creciente lucha por la igualdad y el respeto en el deporte femenino a nivel global. En Argentina, el fútbol femenino ha experimentado un proceso de profesionalización y mayor visibilidad en los últimos años, un avance que, lamentablemente, también ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y los desafíos estructurales que enfrentan las deportistas. La valentía de estas jugadoras al hablar públicamente es fundamental para desmantelar la cultura del silencio que a menudo protege a los agresores en posiciones de poder dentro del deporte.
La inacción de la FIFA en este asunto ha generado una profunda preocupación. La decisión de cerrar la investigación sin una sanción, basándose en la insuficiencia de pruebas y, según las jugadoras, sin considerar adecuadamente sus testimonios, plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de protección y justicia dentro de las instituciones deportivas internacionales. Organismos como la FIFA tienen la responsabilidad ineludible de garantizar entornos seguros para todos los atletas y de establecer protocolos robustos para investigar y sancionar el acoso y el abuso. Una respuesta débil no solo revictimiza a las denunciantes, sino que también envía un mensaje desalentador a otras posibles víctimas.
Para la comunidad de Cabrero y para la sociedad en general, este caso subraya la importancia crítica de crear y mantener espacios seguros en todas las disciplinas deportivas, desde las ligas infantiles hasta el alto rendimiento. Es un recordatorio potente de que el acoso y el abuso de poder no conocen fronteras geográficas ni deportivas, y que la educación, la prevención y el apoyo incondicional a las víctimas son pilares fundamentales. La lucha de estas futbolistas argentinas es un llamado a la acción para que las instituciones, tanto deportivas como gubernamentales, fortalezcan sus políticas de protección y aseguren que la justicia prevalezca, garantizando que el talento y la pasión por el deporte nunca sean opacados por el miedo o el abuso.
Actualmente, aunque las futbolistas no han recurrido a la justicia penal argentina por los hechos de acoso, el caso ha escalado a denuncias cruzadas entre las partes por delitos de daños y perjuicios, y calumnias e injurias, manteniendo viva la disputa legal y la búsqueda de responsabilidades.



